Egusquiza, que asistió a la firma de adhesión del organismo autónomo al Sistema Arbitral de Consumo, explicó que esta actuación, de llevarse a cabo, no significa que vayan a desaparecer las empresas privadas, "ya que el Estado sólo tomará la titularidad del servicio postal".

Así, matzó que la medida no obligaría a Correos a monopolizar el servicio en las ciudades, ya que el Estado podría optar por varias fórmulas, como la concesión a cambio de un canon.

La nacionalización del servicio postal está amparada por la CE, que permite que los Estados miembros se reserven determinados servicios rentables para poder extender su actuación a zonas rurales y periféricas. En este sentido, Egusquiza manifestó que Correos tendría que abrir 1.000 nuevas oficinas (para sumar a las 12.000 actuales para cubrir satisfactoriamente el territorio nacional.

El director general de Correos aseguró que este organismo tiene muy pocas reclamaciones por retrasos o pérdidas, y que la mayoría se refieren a quejas por accesibilidad al servicio, sobre todo en el medio rural. En total, dijo que estas no superan las 20.000 de un volumen de 4.500 millones de envíos.

Egusquiza asistió junto a Germán Ancochea, consejero delegado de Telefónica, al acto oficial de adhesión de ambas entidades al Sistema Arbitralde Consumo. Este método extrajudicial de arbitraje acelera la resolución de reclamaciones entre consumidores y las empresas que los suscriben, unas 80.000.

German Ancochea manifestó que las reclamaciones a la compañía telefónica son de unas 28.000 al mes, un 20 por ciento menos que en 1992, debido a la inexistencia del 903 y por la mejora del propio servicio.