Maite Sancho, jefa de servicio del Observatorio de Personas Mayores del IMSERSO, apuntó, durante su intervención en este foro celebrado en hoy en Madrid, la importancia de incorporar "mecanismos reguladores entre las comunidades autónomas" para que "la diferencia del índice de cobertura" que exista entre ellas a la hora de aplicar y desarrollar la nueva ley no provoque "que acceder a un recurso en uno u otro lugar de este país sea más o menos difícil".

"Hay comunidades autónomas que no han entrado todavía en los cuidados personales y les toca entrar abruptamente en ellas dentro de unos meses", señaló Sancho, y añadió que este "panorama de desigualdad" puede traer "dificultades a la hora de desarrollar esta ley".

Por su lado, Julia Montserrat, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, aseguró que la ley prevé "un sistema de financiación peculiar", porque, al contrario que en los sistemas nacionales de Sanidad y Educación, en el de Dependencia "el Estado va a poner el dinero pero va a exigir un esfuerzo financiero muy importante a los usuarios y a las comunidades autónomas".

"Eso de que va a poner el mismo dinero la Administración General del Estado que las comunidades autónomas es un mito, las comunidades van a poner mucho más, de los 9.800 millones de euros que va a suponer la financiación de la Ley, 3.900 lo pondrán las comunidades, el Estado pondrá 2.600 y el resto los usuarios", añadió Montserrat.

El director del Programa de Atención a la Dependencia de la Generalitat de Cataluña, Ángel Gil, afirmó que el proceso de diálogo y negociación que durante el diseño de la ley se llevó a cabo entre el Estado y las comunidades autónomas fue "menos cooperativo de lo que en Cataluña nos hubiese gustado", y destacó que todavía no conocen "la cuantía de las prestaciones económicas".

Por esta razón, Gil dijo estar "preocupado" intentando calcular "cuánto va a costar a las arcas de las comunidades autónomas" el desarrollo y la aplicación de la Ley de Dependencia.

SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES

Todos los expertos coincidieron también en señalar la necesidad de aunar y combinar el sistema asistencial con el sistema sanitario a la hora de poner en marcha el denominado Sistema Nacional de Dependencia, como expresó el director médico del BUPA Care Services, del Reino Unido, Clive Bowman, señalando que "no lo vamos a hacer bien hasta que no aunemos los servicios sanitarios con los servicios asistenciales".

Bowman, que relató y compartió con los distintos expertos presentes en el foro organizado por la Fundación Pfizer y la Fundación Sanitas la experiencia del sistema de autonomía personal del Reino Unido, aseguró que "la persona dependiente no entiende la diferencia" entre servicios sanitarios y asistenciales y reclama "una respuesta conjunta y integrada".

En este sentido, Ángel Gil señaló que, a su entender, "lo difícil va a ser combinar los sistemas sanitarios y los de servicios sociales", para que el desarrollo de la ley sea el idóneo, aunque destacó que en España "ya existen estos sistemas",por lo que lo importante ahora es "que empiecen a mirarse" para poder coordinarse en un futuro.

El acto de clausura corrió a cargo de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, con un discurso en el que destacó que, hoy en día, "en España se vive más y mejor" y que desde el Gobierno se ha apostado "por desarrollar políticas públicas" que incidan en "la calidad de vida de los mayores", iniciativa en la que se integra la futura Ley de Dependencia.

Valcarce cree justo y necesario que "el crecimiento económico" que ha vivido España en los últimos años esté "acompañado por una ampliación del Estado del Bienestar, poniendo en marcha el cuarto pilar" de este sistema, medida que debe ser complementada por acciones que promuevan "un enfoque positivo del envejecimiento como una fase de la vida llena de oportunidades".