El iforme analiza la "Convergencia real y ocupación pública en España: 1995-2001", y ha sido realizado por los profesores Josep Oliver y Guillermo Celso Oglieti, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En ese período, el sector público generó 550.000 nuevos empleos.

Para los autores del estudio, la permuta de nuevo empleo público por pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios ya existentes parece difícil de mantener en el próximo futuro. A su juicio, aunque sería deseable que continuara la convergecia en materia de ocupación pública con la Unión Europea, "va a ser difícil" en un contexto de estabilidad presupuestaria.

Oliver y Celso consideran que en los próximos años, la expansiva dinámica de nuestro mercado de trabajo en general, marcada por una fase de crecimiento importante de la ocupación, tiene que dar paso a una situación "notablemente menos positiva".

Según los autores del estudio publicado por Funcas, la fuerte expansión de la ocupación en España entre 1995 y 2001 se ha traducido n la creación de 3.382.000 nuevos empleos (datos de la EPA), con un "espectacular" avance de la ocupación (del 27,1%).

La construcción aportó cerca del 20% al avance del empleo en nuestro país en ese período, mientras que el comercio y la hostelería contribuyeron con alrededor del 19% del total de la nueva ocupación, los servicios financieros y las empresas aportaron un 18% y los servicios públicos 550.000 nuevos empleos (casi el 17% del total de la nueva ocupación).

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Los autores llaman la atención sobre que, tanto en 1995 como en 2001, el empleo público sobre el total de la ocupación se mantuvo en España en el 17%, mientras en el resto de la UE aumentó esa proporción del 23,4% al 24%. Pese a ello, con relación al total de la población de España, aseguran que se ha producido una cierta convergencia con la UE.

De hecho, según el estudio publicado en la revista de Funcas, la ocupación pública en España per cápita ha pasado del 57% de la media europea al 63,7% entre995 y 2001. Pese a ello, los autores creen que las diferencias en la provisión de empleo en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales continúan siendo "especialmente intensas", mientras que han mejorado en la Administración General del Estado y en la educación.