El decreto, que entrará en vigor dentro de dos meses, prevé la intervención de los organismos regionales en los planes urbanísticos de las corporaciones locales y les obliga a reformar los edificios públicos.

En opinión de la CAMF, esta normativa carece sin embargo de medidas sancionadoras para los organismos, instituciones o empresarios que no cumplan las medidas incluidas en el decreto.

Esta iniciativa legal necesita, según la confederación, que el Ejcutivo andaluz aune esfuerzos para respaldar económicamente su decisión política y que los organismos interesados por cumplir esta norma no se vean frenados por la falta de presupuesto.

"Aún así", aseguraron, "los miembros de esta confederación somos conscientes del gran esfuerzo que han realizado los técnicos del departamento de la consejera de Asuntos Sociales, Carmen Hermosín, para sacar a la luz el tan esperado y solicitado decreto de eliminación de barreras".

La asociación anima, por último,a los empresarios privados a cumplir esta medida de integración del colectivo de los minusválidos.