Lafuente insistió en la idea de que la decisión del primer ministro galo, Alain Juppé, aisla energéticamente a España del resto de la UE y que el proyecto había sido declarado preferente por las autoridades comunitarias, al catalogarlo como línea de transporte de energía traseuropea.

Esta circunstancia, dijo Lafuente a Servimedia, "hará que las instancias comunitarias deban pronunciarse sobre la suspensión del proyecto, sin que ello impida una negociación entre las dos empresas que firmaron el contrato de suministro de electricidad a España, Electricité de France (EDF) y Red Eléctrica".

Lafuente rechazó también que se opte por un trazado diferente al elegido para la línea Aragón-Cazaril entre los que han sido desechados en los estudios de los últimos diez años, al sñalar que "el proyecto no es una improvisación y cualquier otra posibilidad demoraría los acuerdos de suministro otros 6 ó 7 años".

En este sentido, el responsable de Energía apeló a la cláusula de salvaguarda en el contrato de suministro entre Francia y España para fijar unas compensaciones que deberá pagar EDF, y reconoció que en el objetivo de la compañía francesa de lograr la menor lesión posible para sus intereses centrará las negociaciones que acaban de abrirse.