Así lo manifestó en una comparecencia a petición propia, así como de ERC e IU-ICV, ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados para informar sobre actuaciones y políticas en materia de inmigración, así como sobre la directiva europea de retorno.

A su juicio, lo importante de la directiva de retorno es que "da un paso más hacia una política común de inmigración". Además, añadió que España siempre ha estado a favor de "progresar hacia una política común en materia de inmigración ilegal, evitando las diferencias legislativas entre los Estados miembros que puedan suponer una ventaja para las mafias".

Esa ha sido la razón por la que España no se ha opuesto a la aprobación de la directiva europea de retorno, que, insistió, "es un paso adelante hacia una política común de inmigración y es otra herramienta en la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con seres humanos".

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, manifestó que, a su juicio, la política de inmigración del Gobierno ha dado un "cambio para mal", como demuestra el hecho de que España haya apoyado la directiva de retorno.

A juicio de Llamazares, Corbacho se ha convertido en un "ministro de extranjería" que repite "machaconamente" el discurso de que los inmigrantes compiten en el mercado de trabajo español y que lleva una política migratoria de "maletas para todos".

Asimismo, manifestó que espera que el ministro cambie su discurso y las medidas y añadió que hay que buscar una "voluntad mayor de consenso" en relación a la situación de medio millón de inmigrantes "no expulsables" y a los problemas de los consulados y de las oficinas de extranjería porque no hay criterios unificados y están colapsados, entre otros.

QUIÉNES DEBEN RETORNAR

Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, señaló que si hay que favorecer el retorno de alguien es el de aquellos que están en grave riesgo de caer en las redes de las mafias y de la delincuencia, y no de aquellos que llevan más tiempo en España, integrados en la sociedad y con sus familias.

"Sin empleo es muy difícil conseguir integración", añadió Hernando quien, por otra parte, advirtió que "las mafias se adaptan a los huecos que va dejando la legislación". Asimismo, preguntó al ministro si el Gobierno ha pedido la extensión del Frontex a las costas andaluzas y murcianas.

Ana María Oramas, de Coalición Canaria, partido integrado en el Grupo Mixto, reprochó las "irresponsables" declaraciones que recientemente hizo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la tragedia ocurrida en Almería cuando murieron varios bebés que viajaban junto a sus madres en una patera.

A su juicio, no se puede dar la idea en África, donde se leen y oyen los medios de comunicación españoles, de que las mujeres embarazadas que lleguen a las costas españolas van a a tener papeles. De lo contrario, añadió, se avecinará un "desastre humanitario".

Emilio Olabarría, del PNV, arremetió contra la directiva de retorno y denunció que en los casos de llegadas masivas no se les permite alegar que son perseguidos en su países para que puedan pedir asilo.

Asimismo, el diputado del PNV señaló que espera que en esta ocasión por fin se pueda llegar a un Pacto de Estado sobre Inmigración, porque los anteriores intentos o anuncios quedaron en nada.

Carles Campuzano (CiU) manifestó que instalarse en una política de inmigración sólo fundamentada en la idea de solidaridad sería hacer el peor servicio al conjunto de los inmigrantes y de la sociedad.

Finalmente, Concha Gutiérrez (PSOE), manifestó que es un avance que la inmigración haya pasado a formar parte del Ministerio de Trabajo y afirmó que hay que ser "especialmente beligerantes" a la hora de combatir las mafias de inmigración ilegal.