Arzalluz afirmó ayer que el Gobierno español tiene la intención de pagar a Francia la extradición del dirigente de ETA Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", adjudicando a empresas del país vecino una licencia de telefonía y contratos para el tren de alta velocidad,lo que calificó de "impuesto revolucionario".

El ministro explicó en RNE que, por ejemplo, a la hora de adquirir sistemas armamentísticos se tienen en cuenta múltiples factores, entre ellos políticos. "Pero es una decisión global en la que se tienen en consideración muchos factores, nunca se hace a modo de trueque por una de esas razones, jamás", agregó.

"Economía y política son factores complementarios que están presentes en muchísimos de los acuerdos que hay, y por tanto de eso nadie se debe esandalizar", dijo Serra, quien agregó que lo que no puede ser es "exigir un precio para cumplir la ley".