En el caso de las oficinas ubicadas en Madrid, el plazo es de un mes. El período empezará a contar a partir de la recepción por parte de los ministerios y organismos públicos de las fichas a partir de las cuales se actualizará el inventario de bienes y derechos del Etado, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día 1.

La Junta Coordinadora, una vez recibidos todos los datos, formulará un informe sobre el índice de ocupación de los edificios, así como una propuesta para optimizar su grado de utilización. Los inmuebles que no sean necesarios o no resulten adecuados para su uso se incorporarán al patrimonio del Estado, para su enajenación o ulterior afectación o adscripción.

Desde que la Junta Coordinadora pida la informaión y mientras no emita dictamen, no se concertarán nuevas adquisiciones o arrendamientos de edificios, salvo casos de "urgente y extrema necesidad".

Esta normativa excluye de su cumplimiento a los edificios destinados a la seguridad y la defensa nacional, así como a los entes públicos que tengan reconocido por Ley un régimen patrimonial específico.

La información que deben remitir los ministerios y entes públicos deben detallar la localización de los inmuebles, su superficie, la unidad o servici al que estén destinados y el grado de ocupación o utilización.

Además, Economía establece la obligación de que todas estas entidades elaboren un informe que contenga un plan de reubicación de sus unidades, el listado de edificios que resulten innecesarios y la estimación por localidades y provincias de las necesidades para los próximos cuatro años.