Ese documento reconoce a la Administración la facultad última para fijar los servicios mínimos, prevé el despido para los trabajadores que los incumplan e incluye entre los servicios eseniales los relativos a la vida, sanidad, seguridad, defensa, protección civil, transportes públicos y comunicaciones, y el suministro de energía.

En relación con este documento, los sindicatos UGT y CCOO difundieron un comunicado público conjunto en el que lo califican de "ley antihuelga con condicionamientos que ni la derecha más conservadora de Europa se ha atrevido a poner en práctica y elaborada según los dictados de la patronal".

A su juicio, "se trata de una afrenta al movimiento sindical qu desmiente la proclamada voluntad de consenso y será eficaz para resolver la conflictividad".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo expresaron su convencimiento de que los sindicatos están dispuestos a negociar y señalaron que la convocatoria para iniciar las consultas con los interlocutores sociales podría producirse en los próximos días.