Los juicios rápidos civiles, previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se refieren a los siguientes supuestos: reclamaciones de cantidades no superiores a 3.000 euros; desahucios de finca urbana por falta de pago y reclamaciones de rentas acumuladas a la acción de desahucio; demandas de nulidad, separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, y materias cautelares y provisionales en materia de familia.

Junto a representantes del Ministerio y de la Consejería de Justicia, en la reunión de hoy participarán también miembros del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Procuradores.

Estos encuentros se repetirán en días sucesivos en La Laguna, Vigo, Jaén y Valencia, que son las otras cuatro ciudades seleccionadas para poner en marcha la experiencia piloto.

Según el Gobierno, la implantación de los juicios rápidos en materia civil será decisiva para conseguir la agilización de la Justicia. Por ejemplo, en los procesos de separación y divorcio planteados de mutuo acuerdo podrían emitirse sentencias en el plazo de unas pocas semanas, lo que acortará el sufrimiento humano que a veces rodea estas causas que afectan a las familias, así como el coste económico de los procesos.