De acuerdo con este comunicado, la posición del ministro de Economía, Carlos Solchaga, en la Conferencia Intergubernamental para la Unión Económica y Monetaria celebrada ayer en Bruselas, fue la de oponese a que la tercera y última fase de la unión económica "se pueda producir en una fecha indebidamente temprana y por la decisión de sólo la mitad de los países miembros".

La actitud del Ejecutivo español consiste en defender que el paso a la tercera etapa "requiera la aprobación unánime de todos los países miembros, al menos hasta 1999".

Sin embargo, para impedir que la exigencia permanente de unanimidad otorgue un derecho de veto a cualquier país que quiera bloquear el proceso, el Gobierno es patidario de que, a partir de 1999, pueda decidirse la continuación por una mayoría de ocho países.

Esta postura, según el Ministerio de Economía, no refleja ninguna preocupación del Gobierno español "por cuanto está convencido de que España cumplirá en 1977 todas las condiciones que el nuevo Tratado exija para pasar a la tercera fase".

"Para conseguirlo -concluye el comunicado- no será preciso ningún endurecimiento de los ajustes en marcha, sino tan sólo perseverar en una política de convergencia conómica que ya está dando sus frutos".