"En un diagnóstico preliminar, hemos detectado que los cerca de 1.300 museos existentes en nuestro país presentan una situación muy heterogénea, con gran disparidad de titularidades", señaló Alborch.

El Ministerio de Cultura es titular de 88 museos, de los que tres son oganismos autónomos (Museo del Prado, Museo del Teatro y Centro de Arte Reina Sofía), 17 son de gestión directa y los 68 restantes dependen de las comunidades autónomas.

Lo que Alborch propone es que se estudie el carácter de los fondos y la condición de "nacionales" de buena parte de estos centros, ya que algunos de ellos, como el Museo Nacional del Ferrocarril, no tienen tal condición y ni siquiera depende del ministerio.

Entre los elementos que definirán el carácter nacional de un museo, se valrará su carácter supracomunitario, que tenga colecciones altamente relevantes y suponga una proyección internacional de la cultura de nuestro país.

"Los museos de titularidad estatal y gestión comunitaria deberían en principio transferirse, ya que las solicitudes de los gobiernos regionales en este sentido son precisas, por lo que se comenzará en breve una ronda de consultas para llegar a la metodología conveniente para su transferencia", anunció Alborch.

Tan pronto como las comunidades autónomasse hagan cargo de estos museos, el Ministerio de Cultura podrá atender más eficazmente las necesidades de los que sean plenamente de su competencia y coordinar las actuaciones conjuntas con los demás.

Las administraciones públicas dedican actualmente unos 330.000 millones a las actividades culturales, y el Mapa de Necesidades Culturales elaborado por el ministerio prevé garantizar un acceso igualitario de los ciudadanos a la cultura, lograr un mayor equilibrio territorial de los servicios y equiparar uestros índices culturales a la media de los países de la Unión Europea.

Por último, el Mapa del Patrimonio Histórico Inmueble se ampliará de los 11.000 bienes de interés cultural registrados actualmente, hasta unos 80.000 monumentos y catedrales con diferentes niveles de protección por parte del Estado.