En la exposición de motivos, el Grupo Popular destaca que España es uno de los principales países extractores de la Unión Europea, como ponen de manifiesto los informes de la UE, por lo que considera lógico que "el marco institucional acompañe adecuadamente estarealidad productiva".

Agrega que esa adecuación no se da, ya que la ley que rige para las actividades mineras data de julio de 1973.

"Desde la aparición de esta ley", argumenta "la economía española ha cerrado varias veces los ciclos de expansión y recesión, y con ellos ha sufrido cambios muy notables en las tecnologías de extracción utilizadas y se ha modificado el entorno legal de los mercados de factores, trabajo y capital. Pero por encima de todo, el marco institucional, y concretamente la oranización del Estado, ha quedado modificado sustancialmente a través de la Constitución".