Carlos Bravo, portavoz de las ONGs, ha pedido a Defensa que "deje de intentar hacer trampas y presente inmediatamente al Parlamento una ley que contemple la prohibición total de las minas y armas similares".

Las organizaciones han recordado al Gobierno que el pasado mes de febrero, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimdad una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a remitir a la Cámara un proyecto de ley que regule la prohibición de la fabricación, almacenamiento, comercialización, exportación y transferencia de tecnología, "de todo tipo de minas antipersonales, bombas de racimo y armas de efecto similar".

Según las ONGs, las empresas dedicadas en Espaañ a la fabricación de minas y bombas, fundamentalmente Explosivos Alaveses (Expal), Intalaza e International Tecnology (ITSA), están presionando al Ejecutivoque preside José María Aznar para que haga caso omiso del mandato del Congreso de los Diputados.

Las bombas de racimo son cargas explosivas que dispersan sobre la zona atacada centenares de subcargas o submuniciones más pequeñas. Muchas de ellas no llegan a explotar al caer, lo cual entraña un peligro a largo plazo similar al de las minas terrestres.

Por su parte, las bombas explosivas de aire-combustible están constituidas por un cuerpo cilíndrico que contiene una carga de queroseno, polvo de alminio, óxido de etileno, óxido de propileno u otros productos similares y una carga de explosivos convencionales que se encargan de romper el contenedor y esparcir el combustible por el aire, a unos 2.000 metros del suelo, formando una nube de gas compuesta por pequeñas partículas que se dispersan sobre el blanco y causan una tremenda explosión.

Estas bombas fueron utilizadas contra los iraquíes en la Guerra del Golfo. La revista española "Defensa" describió en 1991 sus efectos, señalando que los supeviviente sufren daños irreversibles, como el estallido de los globos oculares y de los oídos, sin descartar devastadoras secuelas cerebrales.