Según explicó en rueda de prensa el poravoz socialista, Juan Manuel Eguiagaray, el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley que materializase las conclusiones de la convención, que España firmó "sólo cuando temió quedarse sólo" y después de una gran "presión" social por la erradicación de las minas.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha presentado aún el texto y ha caído, según Eguiagaray, en una actitud "poco generosa y poco comprensiva" hacia el problema que plantean estas armas, ante el que hay una "gran demanda social que no adite demora", tal y como apuntó el portavoz socialista de Defensa, Pedro Moya.

El texto presentado hoy establece las prohibiciones acordadas en Ottawa respecto al desarrollo, fabricación, adquisición, almacenamiento, posesión y transferencias directas o indirectas de las minas, aunque plantea una serie de excepciones, como la adquisición de minas que vayan a ser destruídas o de las que hayan sido previamente desactivadas.

De acuerdo con la iniciatia socialista, el Ministerio podría autorizar la coocación, adquisición o posesión de minas con la finalidad exclusiva de entrenar y adiestrar a los equipos necesarios para su detección, desactivación, desmantelamiento o destrucción.

Los socialistas pretenden también que los países que no han firmado el tratado contra las minas antipersonales no puedan acceder a las ayudas que se darán para su desmantelamiento y destrucción, para lo que han presentado una proposición no de ley.

Se trata, según dijo Eguiagaray, de impedir que una cuestión humanitaia se convierta en una ocasión para que los países que siguen produciendo minas "sean beneficiarios económicos del esfuerzo de desminar".