El anteproyeco de ley, que está siendo redactado por Defensa, abarcará todos los compromisos internacionales adquiridos por España y tendrá en cuenta la convención de 1980 sobre prohibición o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. En este momento, según el Gobierno, España no fabrica, ni utiliza, ni exporta este tipo de armas.

Además, el anteproyecto está basado en el Proceso de Ottawa, que culminó en la Conferencia de Osl, y cumple con el mandato del Congreso de Diputados, que insta al Gobierno a que remita a la Cámara un proyecto de ley que regule la prohibición de la fabricación, almacenamiento, comercialización, exportación y transferencia de tecnología de este tipo de armamento, así como de sus componentes, regulando igualmente la destrucción del "stock" actual.