"De alguna, el Estado tiene que reaccionar frente a esas negativas", dijo. "Lo que ocurre es que las penas privativas de derechos, son unas penas que a unos les afectan mucho y a otros no les afectan nada, por eso pueden producir una gran injusticia en su aplicación".

Explicó, en este sentido, que a un agricultor nsumiso le importará poco que le inhabiliten, pero a quien quiera ser funcionario "le puede resultar una pena gravísima que cambiaría con mucho gusto por una pena de prisión, sobre todo si esa pena de prisión se redime condicionalmente".

El artículo 604 del Código Penal establece que los insumisos serán castigados con la pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 14 años en tiempo de paz. Agrega que la inhabilitación incluirá la incapacidad para desempeñar culquier empleo o cargo al servicio de las Administraciones, entidades o empresas públicas o de sus Organismos autónomos y para obtener suvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo.