A su juicio, la publicación de las listas, que calificó de "un tema muy delicado", puede quebrar la confianza de los inversores extranjeros y nacionales hacia las entidades financieras españolas.

Además, Bajo agregóque "puede ser discutible la licitud" de la difusión de los nombres de los clientes de De la Concha, aunque matizó que "las posibles infracciones chocan siempre con el derecho de ser informados", que, a su juicio, es fundamental.

Según dijo, el derecho al secreto a la intimidad desde el punto de vista económico y financiero y la obligación de mantener el secreto por parte de las entidades financieras entran en colisión con el derecho a la información, confrontación que, indicó, debe resolverse en cadacaso concreto sin establecer principios genéricos.

Bajo también se refirió a los trabajos de la 'comisión Rubio' del Congreso de los Diputados, de los que dijo que son "perjudiciales" para la investigación judicial que se está realizando, ya que "todo lo que sea perturbar una instrucción que se sigue en un juzgado es negativo para todos", porque de lo que se trata es de descubrir la verdad de lo ocurrido.

En este sentido, añadió que en la medida en que haya varias investigaciones paralelas, la poítica, la judicial y la realizada por los medios de comunicación, "todas esas investigaciones se perjudican entre sí".

FRAUDE FISCAL

Bajo hizo estas declaraciones durante su participación en una jornada sobre "Opacidad y fraude fiscal" celebradas esta tarde en la Universidad Complutesnse de Madrid, en las que pronunció una conferencia sobre este tema.

Respecto al fraude fiscal, se mostró partidario de la realización de una reforma procesal, general y penal previa a la promulgación del nuevo Códgo Penal y que permitiera la revisión por el Tribunal Supremo de las sentencias con pena inferior a 6 años, incluyendo el delito fiscal.

De este modo, en su opinión, el Tribunal Supremo podría establecer doctrinas sobre el delito fiscal y unificar la divresidad de criterios que actualmente mantienen los tribunales al respecto.

Por otra parte, discrepó con que la regulación de los delitos fiscales esté recogida en el Código Penal, cuando a su juicio tendría que haber sido incluida en la Ley Genera Tributaria, lo que permitiría, dijo, una regulación más coherente y una simplificación en la persecución del fraude.

Finalmente, consideró que los jueces, con su preparación técnico jurídica general, están en la actualidad preparados para entender de los delitos económicos, porque su labor debe consistir fundamentalmente en interpretar los informes de los peritos.