"Con la victoria política de HB quedan respondidas todas las preguntas en este juicio", dijo Jesús María Ciganda Sarratea, uno de los miembros del citado "comando", quien añadió: "Mientras no se respete la soberanía política de Euskadi, ETA seguirá actuando".

Instantes después, el juez ordenó a los efectivos de la Policía Nacional que custodiaban la sala la retirada tanto de Ciganda como de los otros dos procesados, JuanCarlos Balerdi Iturralde y Fermín Urdiáin Cirizar.

El Ministerio Público solicitó, durante la vista oral, 25 años de cárcel para cada uno de los tres etarras por el atentado frustrado que supuestamente cometieron, el 22 de agosto de 1987, contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Deva, en Guipúzcoa.

Según el fiscal, los miembros del "Comando Eibar" colocaron en el monte que hay frente a la citada casa-cuartel varios lanzadores de granadas y morteros Jotake, con explosivo y mecanismo de iniciaión retardado, "para que una vez activados y disparados dos de ellos acudieran los miembros de las fuerzas de la seguridad del Estado al lugar de la explosión y, durante su presencia allí, se activase el mecanismo de las otras dos granadas para provocarles la muerte".

Sin embargo, un error en el mecanismo de activación hizo que sólo explotaran tres granadas de las cuatro colocadas y en tiempos distintos a los previstos, con lo que el atentado se frustró.

El edificio de la Guardia Civil contra el ue atentaron Ciganda, Balerdi y Urdiáin, junto a un cuarto miembro del "comando" declarado en rebeldía, es un bloque de 14 plantas habitado por efectivos de la Benemérita y por sus familias.

El abogado defensor de los etarras consideró que las pruebas presentadas por el fiscal en el juicio (una fiambrera de plástico encontrada en el lugar de los hechos, en la cual se han hallado huellas de los procesados) "no conducen al relato de hechos presentado por el fiscal", por lo que solicitó la absolución de us patrocinados.