El procedimiento penal, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, se inició con la entrada y registro en un local de Madrid donde fue intervenido material informático que no contaba con la documentación jstificativa de su legalidad, según Microsoft.

La reproducción no autorizada de 'software' constituye un delito que puede penalizarse con multas de hasta 10 millones de pesetas y seis años de prisión.