La Ley de Responsabilidad del Menor, en su redacción actual, prevé que a partir de enero de 2003 los jóvenes de 18 a 21 años que hayan cometido delitos no graves puedan ser internados en centros para menores, en lugar en las cárceles para adultos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el titulr de Justicia explicó que quiere eliminar ese supuesto, entre otros motivos para evitar que los delincuentes mayores de 18 años compartan los centros de internamiento con los menores de edad.

Sobre esta cuestión, Michavila afirmó en el pleno de la Cámara Alta que "el deseo del Gobierno es que la Ley del Menor, que es buena para los menores, se aplique sólo a los menores, de acuerdo con la petición unánime de las comunidades autónomas".

En este sentido, la decisión del Ejecutivo satisface lo manifstado por representantes de comunidades autónomas, de no poder aplicar esta ley a ese colectivo de mayores de 18 años por no tener los medios económicos y materiales suficientes.