En una reunión del Pleno de la Mesa celebrada en Logroño, esta entidad ha analizado la posibilidad de que se supriman las viviendas ilegales en una octava parte del litoral español, señalaron en una nota de prensa.

El presidente de la Mesa, Juan Andrés Melián, explicó que, "para el caso de que hubiera una verdadera voluntad política de solucionar los graves problemas urbanísticos generados, la Mesa propondría soluciones que exigieran la mejora de las construcciones perturbadoras y de su entorno medioambiental, en lugar de su simple demolición".

"Por supuesto -indicó- salvo en los casos extremos en que esas construcciones no sólo hayan perjudicado el entorno medioambiental, sino también las edificaciones de terceros que, al crearlas, se hayan ajustado correctamente a la normativa legal".

Melián comentó que esa posición se completaría con la demanda a los poderes públicos de que en el futuro sean más rigurosos en la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales, con carácter previo a la realización de las construcciones afectadas por la Ley de Protección de Costas.