Según esta entidad, esta oferta de plazas, muy difícil de cuantificar, pero que podría ascender a medio millón de camas en toda España, carece, en la mayoría de los casos, de la calidad exigible como producto turístico y no tributa fiscalmente.

Se trata, segúnel presidente de la Mesa, Juan Andrés Melián, de una importantísima oferta de particulares, incluso profesionalizada en la mayoría de los casos, que amparándose con frecuencia en la Ley de Arrendamientos Urbanos, se escapa de toda garantía cualitativa y jurídica.

"Estamos ante una competencia desleal que perjudica seriamente al sector turístico", agrega Melián. Por tanto, para los empresarios turísticos "es hora de actuar con todos los recursos legales adecuados en el asunto, con el doble objetivo de velar por los intereses de los consumidores y, por otra parte, de garantizar la justa competencia del mercado y defender los derechos de aquellos que actúan desde la legalidad".