Éste será el primer paso para proceder al nombramiento de los magistrados que corresponden a la Cámara Alta, quien posteriormente tendrá que seleccionar a cuatro de los 23 aspirantes en la Comisión de Nombramientos y someter su nombramiento a votación en el Pleno.

Fuentes parlamentarias indicaron a Servimedia que la Mesa del Senado recibirá mañana el informe jurídico que han elaborado los servicios de la Cámara para determinar si los candidatos se ajustan a los requisitos contemplados en la ley.

El informe jurídico atiende exclusivamente al aspecto profesional de los magistrados desde un punto de vista técnico, por lo que no entra a valorar sobre las tendencias ideológicas de los magistrados ni sobre las reticencias políticas expresadas por los partidos políticos.

Una vez que la Mesa del Senado dé el visto bueno a los candidatos, el presidente Javier Rojo deberá convocar a los portavoces de los grupos parlamentarios a una reunión de la Comisión de Nombramientos para escoger a cuatro posibles vocales entre los 23 aspirantes.

Esa selección se realizará mediante una votación en la que bastará la mayoría simple (más votos a favor que en contra). Posteriormente, tendrá que ser el Pleno de la Cámara Alta quien ratifique la propuesta mediante otra votación en la que se exigirá el respaldo de tres quintas partes de los parlamentarios, lo que obligará a PP y PSOE a ponerse de acuerdo.

Lo más controvertido de todo este proceso es la propuesta de las comunidades gobernadas por el Partido Popular para que Hernando y López sean nombrados como nuevo vocales del Tribunal Constitucional tras su paso por el Consejo General del Poder Judicial.

Hernando y López son, precisamente, los dos candidatos más propuestos por las comunidades autónomas para magistrados del Tribunal Constitucional, ya que han conseguido el apoyo de cuatro comunidades autónomas.

Hernando fue propuesto por Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y Valencia, mientras López obtuvo el apoyo de los legislativos de Madrid, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.