En un comunicado difundido hoy, el Parlamento Vasco señala que también ha acordado solicitar al secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, que "retire públicamente la acusación que efectuó contra los letrados del legislativo de 'estar al servicio de ETA'".

El documento aprobado por la Mesa recoge así la solicitud de amparo suscrita por los seis coponentes de los servicios jurídicos que realizaron expresamente esta solicitud y que se dirigieron a este órgano de forma oficial para solicitar respeto para su tarea sin perjuicio de las legitimas discrepancias jurídico-técnicas que sus actuaciones puedan suscitar.

El acuerdo aprobado por la Mesa reitera la plena confianza de este órgano "en la profesionalidad, imparcialidad y calidad profesional y personal del ex letrado mayor de la cámara mostrada a lo largo de once años en el ejercicio de este caro".

Asimismo, y extiende este reconocimiento a sus compañeros de los servicios jurídicos y a la la administración parlamentaria que "ha funcionado bajo su mando con una trayectoria intachable".

La Mesa ha denunciado igualmente el acoso que los funcionarios de la cámara están sufriendo mediante decisiones que, a juicio del órgano de gobierno de la Cámara, "suponen una intromisión evidente en la autonomía del Parlamento Vasco y un ataque sin fundamento jurídico alguno y sin precedentes, contra la dgnidad de esta institución y la honorabilidad de sus funcionarios".

El órgano de gobierno del legislativo vasco insiste en que "desplegará todos los recursos legales a su alcance para que prevalezca el respeto a la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia conocidas hasta la fecha sobre la naturaleza de partidos políticos y grupos parlamentarios, sobre la división de poderes y la inviolabilidad parlamentaria, afectadas por la agresión que protagoniza, contra esta cámara legislativa, la sala del 61 del ribunal Supremo".

La Sala del 61, también denominada Especial, del Tribunal Supremo decretó la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), como consecuencia de la ilegalización de Batasuna, en un auto que no ha sido aplicado aún por la cámara vasca.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se encarga de la querella que la fiscalía presentó contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, por un presunto delito de desobediencia cometido al no aplicr dicho auto de disolución y de las medidas acordada para hacer efectiva tal decisión.

La mesa ha dejado pendiente el análisis sobre la congelación del pago de las subvenciones que corresponden por grupo parlamentario a los componentes de Sozialista Abertzaleak y ha decidido designar a uno de los letrados de la cámara para que elabore las actas de las reuniones de la Mesa, función que asumía el letrado mayor antes de su dimisión.