En un principio, el principal punto de desencuentro en la Mesa del Diálogo Social sobre RSC giró en torno a la cuestión de si los agentes sociales apoyaban la puesta en marcha, por parte del Gobierno, del Consejo Estatal de Responsabilidad Social.

Este organismo tendría entre sus funciones el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de la promoción de la RSC. Su composición sería cuatripartita, con presencia de las administraciones públicas, la patronal, los sindicatos y otros actores de la sociedad civil.

Hasta el momento, tanto la Subcomisión del Congreso como el Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como el Pleno del Senado que aprobó una moción del Grupo Socialista, han instado al Gobierno a poner en marcha dicho Consejo Estatal.

En caso de salir adelante esta iniciativa, España sería el primer país occidental en contar con una institución de promoción de la responsabilidad social en el que estuvieran representados los principales grupos de interés, y que además habría surgido como fruto del consenso de todos los agentes sociales.