El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó en rueda de prensa que los inmigrantes que no estén empadronados antes del 7 de agosto, aunque ya vivían en España antes de esa fecha, deberán aportar a los ayuntamientos "documentos públicos fehacientes" para obtener el certificado de empadronamiento.

En este sentido, Caldera comentó que será el Consejo de Empadronamiento el que decida próximamente qué documentos oficiales deberán presentar los inmigrantes en el ayuntamiento para acceder al citado certificado.

Recalcó que el empadronamiento por omisión "permitiría la inscripición en el Padrón, en base a la acreditación de la permanencia en España aportando como prueba documentos públicos fehacientes, a los aspectos de considerar el requisito establecido para la autorización de residencia y trabajo en el proceso de normalización".

En la Mesa de Diálogo, que estuvo reunida más de tres horas, participaron, además de Caldera, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí; los responsables de Inmigración de UGT y CCOO, Almudena Fontecha y Julio Ruiz, respectivamente, y Fernando Moreno, responsable de Relaciones Laborales de la patronal CEOE, entre otros.

En este encuentro, el Gobierno y los agentes sociales valoraron "de manera muy positiva el desarrollo" del proceso de normalización, "tanto en lo que se refiere al dispositivo puesto en marcha para la recogida de solicitudes y su tramitación, como en cuanto a la información y atención a empleadores e inmigrantes en el que han participado activamente las organizaciones sindicales y empresariales".

"Gobierno, sindicatos y empresarios han coincidido en valorar positivamente los resultados del proceso, al haber superado las 300.000 solicitudes presentadas, acompañadas de sus respectivos contratos de trabajo, dentro de una evolución creciente como lo demuestra que el segundo mes se ha multiplicado por tres la cifra de presentaciones registradas", afirmó el titular de Trabajo.

Finalmente, Caldera animó a los empresarios a sumarse a este proceso que finaliza el próximo 7 de mayo y que "constituye una iniciativa innovadora que descansa de manera central en la vinculación directa entre el contrato de trabajo y la autorización para residir en España".