Los populares de Castilla la Mancha han dejado de cobrar desde 1993 más de 230 millones de pesetas tras la decisión de la Mesa del Parlamento de retenerles las subvenciones cuando se detectaron irregularidades en la contabilidad del Partido Popular del período 1988-1992.

El conocido como "caso de las cuentas del PP" terminó en los tribunales de justicia con varios ecursos presentados por la dirección del Grupo Popular.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha dictó sentencia el pasado 19 de junio, dando la razón a los populares, al considerar que las Cortes habían vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución.

Ese artículo garantiza como derecho fundamental la participación en la vida pÚblica de los ciudadanos que han sido elegiidos por sufragio universal en igualdad de condiciones.

Con la decisión adoptada hoy por la Mesa de las Cortes e Castilla la Mancha, los grupos mayoritarios, tanto el PSOE como el PP, dan por zanjada la polémica que mantuvieron en los últimos dos años y que provocó fuertes enfrentamientos dialécticos en el Parlamento regional.

En la reunión mantenida hoy, los miembros del órgano de gobierno del Parlamento autonómico han acordado además que la nueva documentación presentada por el PP sobre su contabilidad entre los años 88 y 92 justifica plenamente sus cuentas.