En la sesión del pasado jueves, una confrontación dialéctica entre el ocialista Victorino Mayoral y la popular Ana María Torme provocó un revuelo en el hemiciclo y propició la equivocación de decenas de diputados del PP al pulsar el botón de votación.

El pasado viernes el Gobierno remitió de nuevo el Proyecto al Congreso para su debate, y ayer mismo solicitó a la Mesa de la Cámara su tramitación con urgencia. La mayoría parlamentaria en el órgano de Gobierno del Congreso aceptó esta petición.

La vicepresidenta segunda de la Mesa, la socialista Amparo Rubiales, recodó en los pasillos del Congreso que el Gobierno puede solicitar esta modalidad de trámite en cualquier momento, pero criticó que argumente que la sesión fue "equívoca" y que hay que evitar "un funcionamiento anómano del mecanismo parlamentario".

A su juicio, esta opinión del Ejecutivo esconde "una tremenda gravedad" y una "injerencia" en el funcionamiento de la Cámara, sobre todo cuando los grupos parlamentarios se esfuezan constantemente por preservar la separación de poderes.

Se trata, además,su modo de ver, de una "censura directa" a la presidenta de la Cámara, Luisa Fernanda Rudi, puesto que si ella admitió como válida la votación es porque no la consideró anómala.

En contra de este argumento, el vicepresidente primero del Congreso, el popular Francisco Camps, defendió esta facultad del Gobierno y aseguró que el trámite de urgencia se debe únicamente a la necesidad de la sociedad de que este proyecto se apruebe cuanto antes.