Después de escuchar a la Junta de Portavoces, la Mesa rechazó los recursos, al empatar con cuatro votos a favor y cuatro en contra, según explicaron fuentes parlamentarias.

Respaldaron los recursos los representantes del PSOE (Joan Marcet, José Beviá y Carmen del Campo), y de Izquierda Unida (Pedro Antonio Ríos) mientras que los miembros del PP (Federico Trillo, Enrique Fernández Miranda y Bernarda Barrios) y de CiU (López de Lerma), votaron en contra. El representante del PNV, Joé Joan González de Txábarri, no se encontraba en la reunión.

En una de las iniciativas, los socialistas preguntaban al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, si participó en diciembre de 1994 en una reunión celebrada en el despacho del director de "El Mundo", Pedro J. Ramírez.

Poco antes de conocerse la decisión de la Mesa, el portavoz de CiU, Joaquím Molins, consideró en rueda de prensa "pertinente" esta pregunta planteada por el Grupo Socialista, por entender que "existeun precedente cuando Felipe González respondió, en 1984, a una pregunta sobre el caso Flick, relativa a la procedencia de los fondos de la campaña electoral de 1982, que le llevó al poder". Explicó, por tanto, que se refería a cómo había llegado al poder.

Sin embargo, anunció que "probablemente, la forma en que está planteada la pregunta, puede llevar a la inadmisibilidad porque, simplemente, pregunta por la actividad de una persona en un momento en que era oposición y yo creo que, sobre eso, no debe nterrogarse en la Cámara".

No obstante, puntualizó que sí sería "de interés de la Cámara" una pregunta "sobre si en alguna cosa de cuando se era oposición el Gobierno se siente comprometido por sus actos anteriores". "Eso sí creo que es de interés de la Cámara, que tiene todo el derecho de formularla la oposición y que debería ser admitida a trámite".

Respecto a la otra pregunta, en la que pedían al ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, su opinión sobre la petición del fiscal parainvestigar al presidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomey, opinó que el Congreso "no es la Cámara de control ni de los ayuntamientos, ni de las diputaciones, ni de las comunidades autónomas".

Por tanto, consideró que "no es conveniente abrir un proceso de control político de instituciones que tienen su propio control político porque no sería un buen precedente intentar controlar en un Parlamento, que no es competente en la materia, a otras instituciones que tienen sus propias normas y ugares de control político".