Este es el séptimo y último aplazamiento del plazo de enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista y los sindicatos mayoritarios han avanzado sensiblemente en sus conversaciones para consensuar la nueva ley y en la nueva reunión que mantendrán este jueves podrían llegar a un acuerdo definitivo.

El único escollo destacado que separa a ambas partes sigue siendo el de determinar quién resuelve los supuests de discrepancia o de falta de acuerdo cuando se tengan que fijar los servicios mínimos esenciales.

Las centrales sindicales quieren que el arbitraje esté en manos de una comisión de garantía formada por expertos elegidos en el Parlamento, mientras el Gobierno quiere dejar la decisión en manos de la autoridad gubernativa. La solución que se maneja es la de dejar la última palabra a la autoridad gubernativa sólo en casos considerados excepcionales.