Siempre según estas fuentes, su postura se basa en la sentencia 135/2004 del TC por la que desestimaba el recurso de amparo presentado por el Gobierno de José María Aznar contra la remisión del texto por parte del Gobierno vasco y la consiguiente admisión a trámite del mismo por parte de la mesa del Parlamento Vasco.

El Gobierno argumentaba entonces, como lo hace hoy el Grupo Popular a propósito de la entrada del Estatuto Catalán en el Congreso, que la Mesa del Parlamento Vasco no debía siquiera entrar a calificar la propuesta por ser una reforma constitucional encubierta y no una reforma del Estatuto de Gernika.

El TC rechazó el recurso de amparo porque la inconstitucionalidad sólo puede ser causada por normas ya aprobadas, "nunca por proyectos o intenciones normativas que, en cuanto tales, pueden tener cualquier contenido".

"La jurisdicción", prosigue el TC en su fallo 134/2004, "puede reaccionar contra la forma jurídica que resulte de esas intenciones, pero la intención misma y su debate o discusión son inmunes en una sociedad democrática a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate público".

"Decir que el contenido de la propuesta del Gobierno Vasco es contrario al ordenamiento vigente", replicaba el TC al escrito del abogado del Estado, "no es decir nada de cualquier norma que pretenda, justamente, la reforma de ese ordenamiento. Si la antijuridicidad se predicara, no ya de normas definitivamente instaladas en el ordenamiento, sino de simples proyectos de normas, antes aún, de la sola intención de producir normas, estonces el cambio y la reforma serían literalmente imposibles".

EL PP BUSCA HACER OBLIGADO SU APOYO

Ahora, el PP estudia la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña. Quiere que la Mesa de la Cámara lo califique como una modificación constitucional en lugar de estatutaria. Esto convertiría en imprescindible el voto del PP en el pleno, pues hacen falta dos tercios de los diputados para sacar adelante un cambio en la Carta Magna.

Así lo anunció hoy en rueda de prensa el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, después de que el Comité Ejecutivo Nacional del PP debatiese ayer esta posibilidad durante la reunión extraordinaria que celebró en Madrid durante cerca de dos horas y media.