Aunque el Tribunal Supremo es quien ha pedido al Congreso estos testimonios, la Mesa considera que se los debe remitir al ministerio fiscal y éste hacerlo llegar al Supremo para su posterior entrega a la jueza encargada del caso.

En las declaraciones pedidas por el Supremo se hace referencia a un presunto desvío durante varios años de más de 70 millones de pesetas de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, que iban a ser dirigidos a las víctimas del terrorismo pero que nunca llegaron a este destino.