Al frente de la mrcha estaban los secretarios regionales de UGT y CCOO y los alcaldes de las tres ciudades donde la empresa tiene instaladas factorías (Mérida, Montijo y Don Benito), además de representantes de todos los partidos políticos de la comunidad autónoma. Carcesa es una indistria agroalimentaria que da empleo a 750 trabajadores en las tres localidades y que comercializa marcas importantes en el mercado español como "APIS" y "Fruco".

Todos los dirigentes concentrados en la protesta coincidieron en señalar el alor que tiene para la región el mantenimiento de la empresa en manos públicas, porque supone una garantía de continuidad industrial para una compañía de la que depende una parte importante de la agricultura extremeña.

Valentín García, de CCOO, dijo que "le estamos diciendo a la Junta de Extremadura y al Gobierno de la nación que Carcesa es patrimonio público de Extremadura, y no se debe permitir esclavizar los intereses de la región a los de la multinacional Nabisco".

Por su parte, el líder reginal de UGT, Antonio Rosa, afirmó que la protesta debe ser asumida por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando el lunes se reuna con el ministro de Economía, Pedro Solbes, para tratar esta cuestión.

En su opinión, "el presidente tiene ahora la ocasión de ser el portavoz de toda Extremadura, y cuando se es portavoz de toda una región como esta, la única respuesta posible, salvo que se quiera demostrar quie se está loco, debe ser el no a la privatiozación de Carcesa el inicio inmeiato de un plan de futuro para la empresa".

Los alcaldes consideran importante que Carcesa siga siendo una empresa con la mitad de su accionariado en manos públicas, y confían plenamente en los buenos resultados de la reunión entre Ibarra y Solbes, "que debe ser sensible", afirman, "a la situación, en unos momentos industriales peligrosos".

El alcalde de Mérida, Antonio Vélez, señaló que "Carcesa tiene un gran valor instrumental en Extremadura sobre el sector agrícola y ganadero, y en consecuenci, es fundamental mantener la garantía pública, porque la sombra de Linares sobrevuela últimamente demasiado en nuestra región, y aquí hay 750 trabajadores".

Las mujeres de los trabajdores han remitido un escrito al presidente del Gobierno, Felipe González, en el que piden que no se venda la empresa a la multinacional y se ofrezcan garantías sobre la continuidad industrial de la empresa en manos estatales.