Así lo afirmó hoy a Servimedia el gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE), Manuel Martí, quién dijo que "si el Gobierno frena el contínuo encarecimiento de la edificación, con sus reformas estructurales acabarán po cargarse a uno de los motores de la economía española".

Martí indicó que el principal problema de la futura Ley de la Edificación es la obligatoriedad para todos los agentes de la construcción (arquitectos, aparejadores, promotores, constructores y contratas o subcontratas) de adquirir un seguro que cubra todos los riesgos sobre vícios o defectos en la construcción.

A su juicio, esa medida representará un encarecimiento del mercado de vivienda del 4 por cien y unos sobrecostes para las empresas el sector de unos 100.000 millones de pesetas al año que, aunque acabarán siendo pagados por los compradores, no deja de ser un nuevo factor que encarece el producto y limita las posibilidades de adquirir una casa.

El dirigente de la APCE criticó además el proyecto que prepara el Gobierno por ser "vago e impreciso", ya que "no concreta los riesgos que deben cubrirse y, por tanto, la póliza debe ser válida tanto para un hundimiento como para un grifo que gotea, y ese seguro es carísimo".

Manuel Matí censuró que la Dirección General de la Vivienda no haya tenido en cuenta las propuestas de la Asociación para limitar los efectos de la ley, como la de hacer que el periodo mínimo de cobertura sea más corto y prorrogable para que la póliza sea más barata.

La ley, según el representante de los promotores, no recoge esa iniciativa "porque se ha elaborado con criterios políticos, y no teniendo en cuenta la realidad del mercado".

Otros aspectos que contiene la futura Ley de Edificación son la obliatoriedad de suscribir las pólizas de riesgo para poder escriturar ante notario la compra-venta de una vivienda o un edificio y la inclusión de los usuarios del inmueble como agentes de la edificación, lo que les hace responsables de su mantenimiento.