Teodoro Mota, Jorge del Cura y Begoña la Lana, portavoces e la asociación, denunciaron hoy en rueda de prensa la obstrucción que, en el esclarecimiento de estos delitos, ejercen los poderes del Estado.

El mayor número de denuncias de torturas, según el informe, recae sobre las policxías municipales con 43, seguida del Cuerpo Nacional de Policía con 42, la Guardia Civil (39), funcionarios de prisiones (23) y el ejército (12).

En opinión de Jorge del Cura el número de torturas aumentó en 1992. La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocidacomo "Ley Corcuera", ha provocado que "la gente ha denunciado más veces haber sufrido malos tratos", según Teodoro Mota.

Begoña la Lana denunció el "amparo descarado del Gobierno" de estos delitos. "Tienen que mantener sus 'cloacas' en perfecto estado de funcionamiento y sin ninguna porquería que la retenga", añadió la Lana.

Los portavoces de la Asociación Contra la Tortura indicaron los obstáculos con que se encuentra el ciudadano a la hora de denunciar los casos de tortura y la dificultad de qu esta prospere.

La pasividad judicial para actuar de oficio, el inhibimiento del Ministerio Fiscal, la ocultación de las pruebas o la protección de los superiores de los denunciados, son algunos de los problemas que la asociación denuncia.

Las torturas y malos tratos cometidos en el ámbito militar o sobre los inmigrantes encuentran dificultades añadidas para su denuncia. En el primer caso la jurisdicción militar impide un proceso judicial limpio, según Teodoro Mota. Respecto a los inmigrantes práticamente nunca denuncian estos hechos por estar en situación ilegal en la mayoría de los casos.