Matía explicó que entre el 10% y el 15% de las personas con síndrome de Down desarrollan su actividad laboral en alguna modalidad de empleo protegido, pero el porcentaje del colectivo que tiene trabajo no llega al 25%. A su juicio, se trata de una tasa “muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea y de nuestro entorno”.

En políticas de discapacidad, señaló que España obtiene “muy buenos resultados si nos comparamos con los países de nuestro entorno” si bien existe "una excepción: el empleo". El problema es que aquí existe “una tasa muy baja entre las personas con discapacidad intelectual”.

El motivo es que, “desde los años 80, hemos construido un modelo en el que los apoyos, las políticas y los recursos se han concentrado en el empleo protegido”. “La filosofía detrás de la primera Lismi (Ley para la Integración Social de los Minusválidos, de 1982) “era muy positiva”, admitió, pero “los resultados no fueron los esperados”.

Señaló que los Centros Especiales de Empleo “tienen un doble alma”, que combina la parte empresarial con una vertiente “asistencialista, muy pensada para ofrecer apoyos”. En principio, deberían “ser una opción minoritaria” porque “la gran mayoría de las personas con discapacidad trabajen en el sector de empleo ordinario”.

Según Matía, “inclusión significa precisamente que las personas con discapacidad trabajen en los mismos lugares (empresas, administraciones públicas…) que el resto de la población”. Sin embargo, recalcó que “desde los 80 se ha dado prioridad al empleo protegido” y “todo el dinero, los recursos y regulaciones se han concentrado” en este sector.

Como resultado, se ha convertido en la “opción mayoritaria” en cuanto a la empleabilidad de las personas con discapacidad, y el director gerente de Down España recalcó que esto no debería ser así.

Agustín Matía, durante la entrevista en Servimedia | Foto de Jorge Villa

ACCIÓN PÚBLICA

Matía puso de ejemplo el Libro Blanco sobre empleo y Discapacidad del Ministerio de Trabajo, en el que “lo primero que plantearon fue reformar y mejorar el sistema de empleo protegido”. En su opinión, “la prioridad debería ser el empleo ordinario”, que es lo que garantiza la inclusión y responde al mandato de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

A la larga permite crear mayor número de puestos de trabajo y destacó cómo los cambios normativos en el sector público están contribuyendo a mejorar la incorporación de personas con discapacidad intelectual a estas plantillas.

Además de aumentar el cupo de reserva específico, se han modificado los procesos de selección –menos memorísticos- y se está empezando a proporcionar apoyos durante la incorporación y para la adaptación de la persona al puesto de trabajo. “Estos apoyos deberían generalizarse y extenderse a las empresas privadas”, reclamó Matía.

Agregó que Down España impulsa además una campaña denominada 'Empleo 25', con el objetivo de adelantar la edad a la que las personas con síndrome de Down se incorporan al mercado laboral. Su esperanza de vida ha aumentado hasta los 62 años, pero “debido al envejecimiento prematuro, muchas de estas personas se jubilan entre los 45 y los 47 años”. De media, estas personas trabajan la mitad que lo estimado para el conjunto de la población. Por eso, su entidad defiende que convendría que, a los 25 años, ya estuviesen trabajando.

Agustín Matía, durante la entrevista en Servimedia | Foto de Jorge Villa

EDUCACIÓN

Otro ámbito en el que, según Matía, la inclusión está muy lejos de ser una realidad para las personas con síndrome de Down es la educación. La experiencia de la gran mayoría de familias es que la escuela no da respuesta a lo que sus hijos necesitan”. A su juicio, “el problema no es la falta de legislación o de presupuestos”, por lo menos “no principalmente”.

Es una cuestión de “cambio de mentalidad, de concepto”, y apeló al “nuevo rol” que “los agentes educativos han de asumir”, porque “si los educadores lo apoyan y luchan por ello, la educación inclusiva es posible. "En el fondo falta voluntad política”, y subrayó cómo Portugal decidió que “en una fecha concreta, todos los alumnos de educación especial debían matricularse en la escuela inclusiva".

En un encuentro reciente, representantes de asociaciones del país vecino relataron a Down España que, por supuesto, los docentes reclaman recursos y más formación pero “nos confirmaron que esa decisión valiente había sido afortunada”. Recalcó que el mensaje que recibieron fue: “Señores, ahí está el muro y hay que afrontarlo, y los cambios ya se están notando”.

Además de la voluntad política, Matía apuntó “a la mentalidad de las familias, también de las que tienen hijos con síndrome de Down”, como el principal obstáculo a superar. “Muchas tienden a pedir una solución específica para los problemas de sus hijos, un apoyo concreto y la idea de escuela inclusiva implica cambios para el conjunto”. Supone “reducir las ratios de alumnos por aula, replantear los métodos de enseñanza, reorganizar las clases y los apoyos”.

Según Matía, resulta “paradójico” que España “haya avanzado más en la parte de la Convención de Naciones Unidas a priori más difícil, como es la que tiene que ver con la capacidad jurídica”. Sin embargo, “en empleo y en educación, dos pilares básicos de las políticas de discapacidad, los resultados son deficientes”. “Hay potencial de mejora” e incidió en que “los poderes públicos tienen deberes por delante”.