El departamento que dirige Enrique Múgica pretende con esta nueva ley acercar las actuaciones procesales al menor y que éstas sean ágiles y rápidas. Para ello, prevé que las comparencias y los juicios a menores tengan lugar en los despachos de los juecs. En las actuaciones ante la Audiencia Provincial, el menor no acudirá.

Tras informarle de los derechos constitucionales que le asisten, inmediatamente después de su arresto, el detenido deberá ser informado también de la acusación formulada contra él.

El borrador establece la posibilidad de impugnar ante la Audiencia Provincial los recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados de menores y las sentencias no serán remitidas al Registro Central de Penados y Rebeldes.

También se estringe el principio de publicidad y se dará un notable relieve a la actuación de los equipos técnicos que asesorarán al juez en cada caso. Estos equipos no existen en otros órdenes procesales.

El borrador de Ley Penal y Procesal del Menor, elaborado paralelamente al anteproyecto del nuevo Código Penal y a la reforma de las leyes procesales, deberá ser debatido y aprobado por el Parlamento, a donde será enviado en breve.

Cuando la ley entre en vigor, la finalidad de los juzgados de menores será undamentalmente conseguir de nuevo su integración social.

Para ello, los jueces adoptarán medidas específicas, como la realización de trabajos comunitarios, internamiento en centros abiertos o cerrados y arrestos de fines de semana.

Según Justicia, la ausencia de ritualismo y la modificación de las reglas comunes de acción penal, que sólo serán ejercidas por el ministerio fiscal, son las notas características del texto.