El decreto, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, regula de manera expresa la protección a los menores que no reúnen las condiciones de madurez necesarias.

Su objetivo es regular de manera específica la demanda masiva de estos servicios por parte de la población, ya que se trata de unas prácticas que entrañan riesgo para la salud y que afectan a la población más vulnerable, como son los menores de edad.

El decreto será de aplicación a aquellos establecimientos, ubicados en la Comunidad de Madrid que de manera exclusiva o conjuntamente con otras actividades realizan estas prácticas.

Además de los requisitos y condiciones higiénico- sanitarias que deben reunir los establecimientos en los que se realicen los tatuajes, "piercing" y demás formas de adornos, el decreto también recoge el sistema de registro de dichos establecimientos, la información y consentimiento de los usuarios, la formación requerida al personal que las realiza y por último, la vigilancia y control de estas actividades por la Administración.

El decreto indica que estas prácticas sólo se podrán realizar en establecimientos permanentes, quedando prohibida su práctica ambulante.

Otro de los aspectos recogidos se refiere a la preparación del personal de estos establecimientos, a los que se les exige cursar y superar unos cursos de formación, que previamente autorizará la Consejería de Sanidad y Consumo.

Las labores de vigilancia y control corresponderán a la administración autonómica conjuntamente con los ayuntamientos que cuenten en su término con ese tipo de establecimientos.