Así consta en el texto del proyecto, que el Ministerio de Consumo abrió este viernes a audiencia pública y al que los interesados pueden realizar aportaciones hasta el próximo 23 de julio, según precisaron a Servimedia fuentes del departamento de Alberto Garzón.

Las mismas fuentes añadieron que la norma “afectará sólo y exclusivamente” a los llamados mecanismos aleatorios de recompensa (MAR) o ‘loot boxes’ “donde los premios sean intercambiables”. Es decir, cuando la activación de los mecanismos de recompensa “cuesten dinero u otros objetos virtuales adquiridos con dinero directa o indirectamente”, incluyendo NFT o criptomonedas.

La Ley regula tanto las 'cajas botín' que están “dentro” de los propios videojuegos, como las webs o plataformas de intercambio “ajenas” a las plataformas de este tipo de juegos y, según Consumo, en el texto “en ningún caso se equiparan los videojuegos en general a los juegos de azar” al tiempo que sí se “distingue” entre videojuego y MAR o ‘loot boxes’.

PRINCIPALES NOVEDADES

Como “principales novedades”, se prohibirá el acceso de todos los menores a través de una verificación documental como DNI o biometría y, en el caso de los mayores de 18 años, existirán dos posibilidades de “limitar” el gasto, bien sea de forma parcial, con el establecimiento de sesiones de juego por un tiempo o importe máximo, o total, mediante un sistema de autoexclusión.

Además, tras su entrada en vigor, los operadores estarán obligados a ofrecer información “veraz” sobre las “probabilidades reales” de obtener el premio gracias a este tipo de mecanismos.

Por lo que respecta a la publicidad, quedará prohibida toda la publicidad física o presencial, incluyendo cartelería exterior o anuncios en medios impresos, así como aquella ‘online’ que aparece en entornos web no relacionados con los videojuegos, incluidas redes sociales. Tanto en radio como en televisión también estará prohibida salvo en la franja de 01.00 a 05.00 horas de la madrugada.

En paralelo, se establece un régimen sancionador que incluye multas de 200.000 hasta tres millones de euros para las infracciones consideradas muy graves, que pueden implicar incluso la clausura de los medios por los que se presten los servicios o “permitan” la activación de los MAR. Asimismo, estipula sanciones de 25.000 a 200.000 euros para las graves y de hasta 25.000 euros para infracciones leves.

Tras la apertura del proceso de audiencia pública y cuando se valoren las aportaciones recibidas, el texto se elevará al Consejo de Ministros y, una vez aprobado, comenzará su tramitación en las Cortes como proyecto de Ley.