Según el Defensor del Pueblo, los recientes acontecimientos ocurridos en Bélgica y Francia, que han dado lugr a la desarticulación de importantes redes de tráfico de menores, pornografía infantil y pederastia, han creado una gran alarma social, a lo que se han unido algunos sucesos registrados en España que han tenido como víctimas a menores.

A su juicio, la desarticulación de una red de inmigración que obligaba a prostituirse a cientos de jóvenes extranjeras pone de manifiesto la necesidad de reforzar en nuestro país todas las medidas de carácter preventivo que impidan este tipo de actividades.

La invstigación abierta por el Defensor del Pueblo se enmarca, según esta institución, en las obligaciones contraídas por España en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y en la Constitución.