MENDEZ TEME UN FUERTE RECORTE DEL GASTO PUBLICO EN 1997 Y NO CONFIA EN QUE SE MANTENGAN LOS COMPROMISOS SOBRE PENSIONES
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El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se mostró hoy convencido de que el Gobierno pretende aplicar un importante recorte en el gasto social en 1997, y advirtió al Ejecutivo que si no rectifica y mantiene su intención de recortar de manera "brutal" el gasto se encontrará con una oposición "rotunda" de los sindicatos y el conjunto de la sociedad.
Méndez hizo estas declaraciones tras participar en la cocentración que todos los miércoles al mediodía realizan trabajadores de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ante su sede en Madrid, en la Avenida de América, para exigir la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
El líder ugetista manifestó que ni siquiera confía en que se vaya a mantener el poder adquisitivo de la totalidad de las pensiones. Como ejemplo de esta desconfianza, indicó que el ministro de Economía aseguró a los sindicatos que el gasto sanitario aumetaría por encima del 2,6% en 1997, "y hoy he leído que se va a reconsiderar también el gasto en sanidad".
"Creo que vamos a asistir a un propósito de asentar sobre el recorte del gasto social el ajuste de más de un billón de pesetas que este Gobierno pretende hacer para cumplir el requisito de déficit del 3%. Creo que eso va a ser así y que vamos a tener tiempo de poder comprobarlo", manifestó.
Méndez aseguró que si se lleva a la práctica esta política habrá una fuerte contestación sindical, perono llegó tan lejos como el líder de UGT de Cataluña, José María Alvarez, que ayer amenazó con la convocatoria de una huelga general si no se negocian las reformas laborales y las privatizaciones con los sindicatos.
"Si el Gobierno pretende seguir adelante con este modelo de presupuestos enormemente restrictivos y de recorte brutal del gasto, después de haber producido una desfiscalización monstruosa en beneficio de las rentas del capital, se va a encontrar con la oposición rotunda de los sindicatos y el conjunto de la sociedad", aseguró.
No obstante, matizó que el tipo de movilización que se realice "habrá que decidirlo en su momento". Según Méndez, "en este momento estamos en el momento de la denuncia y de emplazamiento al Gobierno, de exigencia de rectificación por parte del Gobierno".
APUESTA POR EL EMPLEO
El secretario general de UGT se refirió a la propuesta del Gobierno de que los salarios crezcan un 2% en 1997 para crear 500.000 empleos, y dijo que en este momento no hay nadie que puda garantizar la creación de esos miles de puestos de trabajo. Agregó que la política de los sindicatos y los trabajadores de moderación salarial "es la única apuesta seria y rigurosa a favor de la generación de empleo".
Criticó que estos sacrificios de los trabajadores no hayan encontrado correspondencia en la patronal, "que está orientando los excedentes fundamentalmente a beneficios, echándoselos al bolsillo", ni en el Gobierno, "que ha relegado la política de empleo a un papel residual". Méndez exgió al Ejecutivo y la CEOE "un compromiso claro a favor del empleo".
Méndez advirtió también al Gobierno que su intención de subir sólo un 1% las retribuciones de los empleados públicos en 1997 "va a encontrar el rechazo rotundo de las organizaciones sindicales", porque "este Gobierno, dentro de la herencia recibida del anterior, tiene el compromiso del mantenimiento para 1997 del poder adquisitivo de los salarios".
Insistió en que ese compromiso se debe respetar "y eso le vamos a exigir al actua Gobierno", al tiempo que destacó que salarios de los funcionarios "las economías de los empleados públicos, que en su inmensa mayoría son muy modestas, ya han soportado todo el rigor de la crisis y de los ajustes con anterioridad, y no están en condiciones de volver a soportar de nuevo el peso del ajuste duro que el Gobierno pretende imponer".
Sobre el proceso de privatizaciones, dijo que la asamblea de delegados del próximo día 10 en Madrid es "un aviso, una advertencia y una muestra clara de rechaz a la política de privatizaciones, que es un enorme despropósito que no tiene ningún tipo de racionalidad y que atenta contra el desarrollo industrial de este país".
A juicio de Méndez, esta política de privatizaciones tienen una justificación "exclusivamente ideológica, que es simplemente el reconocimiento puro y duro de la orientación liberal-conservadora de la política de este Gobierno". También criticó la propuesta de la Generalitat de unificar en 30 días por año trabajado la indemnización por desido procedente e improcedente, y dijo que este tipo de propuestas sólo persiguen el despido libre.
(SERVIMEDIA)
03 Jul 1996
NLV