Tanto Gutiérrez como Méndez han coincidido en afimar que Aznar señaló que, en su opinión, no hay mejor estrategia para la creación de empleo estable que las negociaciones bilaterales.

Respecto a la entrevista mantenida con José María Aznar, Cándido Méndez aseguró que "puedo manifestar que el presidente del Gobierno, de una manera categórica, manifestó que estaba por un acuerdo y que consideraba que la mejor alternativa era el acuerdo entre los sindicatos y la patronal y que en los planes del Gobierno no se contemplaba el abaratamiento del despido, e decir, la modificación de la legislación laboral en relación con el tema del despido".

Para los máximos responsables de las dos centrales sindicales mayoritarias, que acudieron a la capital aragonesa para asistir al encuentro de la asamblea de delegados que en esta ciudad se celebra bajo el lema "Más empleo estable y con derechos", las promesas de Aznar pueden contribuir a despejar el horizonte de la creación de empleo en nuestro país.

Pese a este moderado optimismo, Gutiérrez y Méndez también cincidieron en señalar que el panorama laboral actual no sufrirá modificaciones significativas, en tanto el Gobierno no varíe su política económica y los sectores más insolidarios continúen desviando sus beneficios económicos hacia la especulación, en vez de destinarlos a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Respecto a las declaraciones de Aznar, referentes a que la congelación de los salarios públicos no se hubiese hecho necesaria de no haber consentido el PSOE grandes bolsas de fraude, Antonio Gtiérrez aseguró que "son una excusa de mal pagador y una excusa torpemente utilizada".

Gutiérrez añadió que, "con esta excusa o sin ella, nosotros ya habíamos decidido seguir luchando para conseguir mejores condiciones de empleo y una mejor prestación de servicios públicos".

Ambos sindicalistas anunciaron nuevas movilizaciones para reclamar la descongelación salarial de los funcionarios, dado que, en opinión de las dos centrales, el abaratamiento del precio del dinero posibilita al Gobierno un deahogo en su financiación que podría dar una solución al conflicto sin poner en peligro el déficit público.