El acta, que está firmado por el secretario municipal y por la presidenta de la Asamblea de Melilla, Beatriz Caro, da valdez al decreto que dictó el alcalde para impedir la votación de Palacios, ex concejal del PP, y que hizo que la oposición no lograse la mayoría absoluta.

El decreto se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo de 1990, e impedía votar a Palacios porque éste buscaba su "interés personal" con la moción, al ser el nuevo candidato a alcalde.

Asimismo, el acta no considera como dentro del pleno la segunda moción de censura que votaron los grupos de la oposición con la ausencia de los concejales delPP.

En este sentido, el secretario municipal dice en la página 30 del acta que no es su misión "establecer si se dan o no los motivos de interés personal, que esto será un juez el competente que lo tenga que determinar".

No obstante, asegura que la postura de jueces y tribunales sobre las mociones de censura no es "unánime" para poder permitir que una moción "se pare", aunque insiste que la decisión final corresponde a los jueces.

El secretario municipal relata como, tras incorporar el decreo al expediente de la moción de censura, dió comienzo la votación que, por la obligada abstención de Palacios, no logró la mayoría absoluta.

Tras esto, el acta recoge como la presidenta de la Asamblea levantó la sesión y como momentos después ella misma, los concejales del PP, la taquígrafa, el oficial de actas, el representante de la Intervención y el secretario, salieron de la sala, "entre gritos de protesta, aplausos y desorden generalizados".

A continuación, en la página 28 del acta, firman e secretario judicial y la presidenta de la Asamblea, que escribe a mano "para hacer constar que mi firma, como presidenta de la sesión, sólo suscribe lo anteriormente suscrito por el secretario".

SEGUNDA MOCION

Posteriormente, el secretario explica como los grupos de la oposición van a buscarles a su casa para que acuda al salón de plenos, y dejar constancia de lo que suceda e informarle de una denuncia que van a presentar contra el alcalde por dictar el citado decreto.

En ese momento, el potavoz del PSOE en la Asamblea melillense, Alberto Paz Martínez, toma la palabra para decir que deben continuar el pleno, y que a Palacios se le ha impedido el derecho a votar sin que haya una sentencia firme.

El secretario dice entonces que permanecerá para "dar fe" de todo lo que suceda, después de explicar que él no es competente para decidir si, tal como afirma el decreto, Palacios se movía por "interés personal" al apoyar la moción de censura.

Tras esto, los grupos de la oposición votan nuevaente la moción, que esta vez sí que contó con la mayoría absoluta. No obstante, el secretario recoge todos estos hechos como incidentes, pero no como un nuevo pleno, que fue levantado con anterioridad.

El no reconocimiento de este nombramiento supone que el acta no será enviada al Ministerio de la Presidencia, para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo que habría sido preceptivo de haber prosperado la moción de censura.

El decreto dictado por Velázquez es recurrible ante el Tribunl Superior de Justicia de Andalucía a través de un recurso contencioso-administrativo, algo que ya han anunciado los grupos de la oposición.