La Oficina del Defensor difundió hoy una nota en la que Enrique Múgica "quiere hacer constar que los menores inmgrantes que se encuentran en Melilla deben recibir por parte de todas las instituciones y organismos públicos la protección y asistencia que el ordenamiento jurídico les reconoce, velando todas las autoridades y funcionarios para que cualquier decisión que se adopte se haga siempre respetando el interés superior del menor como principio inspirador que la Ley Orgánica 1/1996 consagra".

Por ello, esta institución insta a dichos organismos al respeto absoluto de los derechos de los menores inmigrantes, a tiempo que solicitará de los departamentos e instituciones de carácter nacional, el apoyo y ayuda que sean necesarios para que ningún niño en Melilla pueda encontrarse en una situación de desamparo.

La nota recuerda que, desde el año 2000, Enrique Múgica mantiene abierta una investigación en relación con la situación y las garantías legales que reciben los menores inmigrantes en la ciudad autónoma de Melilla.

A consecuencia de la investigación, María Luisa Cava de Llano, adjunta primera del Defesor del Pueblo, visitó Melilla en noviembre de 2001 y pudo conocer personalmente los problemas que afectan a ese colectivo.

El pasado mes de marzo, y tras recabar toda la información pertinente, desde el Defensor del Pueblo se hicieron llegar sendas recomendaciones a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla y al delegado del Gobierno en esa ciudad,

En esas recomendaciones se abordaron los diferentes problemas que afectan a los menores inmigrantes en Melilla y se propuso que cada cas debía ser estudiado individualmente, documentando en los expedientes administrativos cuantas actuaciones eran necesarias para comprobar la situación socioeconómica y la evolución de los menores.

En definitiva, destaca el Defensor, se reclamaron para ese tipo de expedientes las garantías que nuestro ordenamiento exige con carácter general, al tiempo que se solicitó que, en todos los casos, se diera traslado con la suficiente antelación al Ministerio Fiscal para que éste pudiera realizar su función de ontrol de la legalidad.