Asimismo, según el Defensor del Pueblo, se incurrió en una "alteración y lesión" de las previsiones legales tanto de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España como de la ley que regula el derecho de asilo y la condición de refugiado, según informaron a Servimedia fuentes de la institución.

Por esta razón, Alvarez de Miranda ha remitido al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, un documento con cuatro recomendaciones sobre el rato que deben recibir los inmigrantes ilegales, así como un recordatorio de deberes legales a los que Interior debería ceñirse en el caso de que se repitiera una situación similar.

A juicio de Alvarez de Miranda, el Gobierno debe dotar a las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla de personal policial y administrativo que permita que dichas delegaciones puedan efectuar un tratamiento individualizado de cada una de las personas que acceden a dichas ciudades en condición de inmigrante ilegal, y as poder determinar la situación jurídica de cada una de ellas en relación con la leyes citadas.

Asimismo, sugiere que en cumplimiento de la proposición no de ley relativa a la situación de los extranjeros en España aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados en 1991, en la que se instaba al Gobierno a reformar la estructura encargada de gestionar la política de extranjería, se proceda a la creación de oficinas únicas de extranjeros dependientes de los delegados del Gobierno, en particular en la ciudades de Ceuta y Melilla.

El Defensor del Pueblo también pide a Interior que dote a Ceuta y Melilla de la policía suficiente que permita un eficaz control del perímetro fronterizo de ambas ciudades, con el fin de evitar la entrada ilegal de inmigrantes.

La última recomendación de Alvarez de Miranda al ministro Mayor Oreja consiste en que, en tanto permanezcan en territorio nacional los inmigrantes ilegales, se les faciliten unas condiciones de vida dignas, a cuyo fin debe coordinarse la actuaión de ese departamento con el resto de los organismos del Estado y de la propia comunidad autónoma que, con competencia en esa materia, pueda facilitar los medios personales y materiales a tal fin.