Así se puso de manifiesto durante la jornada 'La posición de las personas con discapacidad en la mediación y en los demás medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional', organizada por el Cermi y celebrada en formato virtual, que congregó a más de un centenar de personas expertas del ámbito jurídico, académico y social.

La jornada analizó el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, que convierte el uso de los MASC en un requisito obligatorio previo a la vía judicial en la mayoría de los procedimientos civiles y mercantiles.

Aunque la norma pretende agilizar los procesos y fomentar la cultura del acuerdo, las personas expertas participantes coincidieron en que este avance puede quedar en papel mojado para las personas con discapacidad si no se corrigen importantes deficiencias estructurales.

En la apertura, el delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Gregorio Saravia Méndez, destacó el contexto de esta reforma, enmarcada en las actividades por el 3 de mayo, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

MODELO

Por su parte, la presidenta del Órgano Rector del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Revuelta de Rojas, insistió en que “la mediación y los demás MASC deben alcanzar altos estándares de accesibilidad e inclusividad para que ninguna persona con discapacidad quede excluida de este nuevo modelo de Justicia”.

Durante las distintas ponencias y paneles, se puso sobre la mesa que la accesibilidad no puede limitarse a lo físico, sino que debe incluir las dimensiones cognitiva, sensorial, comunicativa y emocional, garantizando que todas las personas comprendan y participen plenamente en los procedimientos.

En este sentido, el Cermi reclamó una vez más la implantación urgente y efectiva de la figura del facilitador procesal, prevista desde 2021 en la legislación, pero aún sin desarrollar en la mayoría de las comunidades autónomas. “Sin facilitadores que aseguren la comprensión de los procedimientos, las personas con discapacidad seguirán expuestas a situaciones de indefensión”, advirtió la organización.

Además, se subrayó la importancia de la formación específica de mediadores, abogados, jueces y notarios en materia de discapacidad, para que puedan garantizar que los MASC se aplican respetando la igualdad y la no discriminación.

Otra de las principales críticas expresadas durante la jornada fue la exclusión de las Administraciones públicas en muchos de estos procedimientos, pese a que son, en muchos casos, las principales vulneradoras de los derechos de las personas con discapacidad. “Dejar fuera a las administraciones supone negar una vía alternativa de resolución de conflictos en áreas clave como la accesibilidad o el reconocimiento de grados de discapacidad y dependencia”, alertó el Cermi.

Asimismo, las personas expertas destacaron que, junto a la mediación, existen otros mecanismos como el arbitraje o la justicia restaurativa, con gran potencial para garantizar la reparación de derechos vulnerados, pero insuficientemente desarrollados o aplicados hasta la fecha.

Desde la Red de Defensa Legal de la Discapacidad del Cermi se reiteró el compromiso de seguir trabajando para que la reforma de la Justicia no deje atrás a las personas con discapacidad, exigiendo que los MASC sean una herramienta real de empoderamiento y acceso efectivo a la Justicia. “La reforma de la Justicia es una oportunidad, pero solo será efectiva si es inclusiva. No podemos permitir que los MASC se conviertan en una nueva barrera”, concluyó Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi, durante la clausura.

El CermiI anima a las Administraciones públicas y al conjunto de los operadores jurídicos a colaborar con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias para garantizar que estos nuevos mecanismos respondan realmente a las necesidades y derechos de todas las personas.