Según informó hoy el ministerio, esta decisión ha sido adoptada como consecuencia de un vertido de material de obra de construcción al cauce del Manzanares procedente de dos máquinas situadas bajo el puente de Praga, que cruza el río a la altura de Legazpi, sin autorización administrativa, incumpliendo con ello las condiciones que la Confederación Hidrográfica del Tajo impuso al autorizar el proyecto en diciembre de 2004.

La sanción económica al consistorio puede alcanzar los 6.000 euros y, además, el ayuntamiento tiene la obligación de restituir el terreno a su estado anterior, salvo que las obras sean legalizadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas. El ayuntamiento podrá formular alegaciones y proponer las pruebas que considere oportunas en el plazo de diez días.

Según Medio Ambiente, con éste son ya cuatro los expedientes sancionadores abiertos por la Confederación Hidrográfica del Tajo contra el ayuntamiento madrileño por incumplimiento de la autorización concedida en diciembre de 2004 para la remodelación de la M-30 a su paso por el río Manzanares.

En noviembre de 2005 se inició un procedimiento sancionador por el depósito de material de obra en el cauce del río, también junto al puente de Praga, y el 13 de enero se abrieron otros dos expedientes por la construcción de un murete de hormigón en zona de dominio público hidráulico sin autorización y por acopio de tierras en el cauce del río aguas arriba del puente de Segovia. Todos ellos están en trámite de resolución.