La titular de ese departamento, Isabel Tocino, declaró hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso que 433 millones corresponden a los perjuicios ocasionados a particulares, de los cuales 44 milloes son indemnizaciones a familiares de las víctimas.

El resto de los daños que produjo la rotura del depósito se refieren a los desperfectos ocasionados en obras e infraestructuras de titularidad pública, incluidas algunas viviendas.

La ministra confirmó que los fallos de diseño y ejecución fueron la causa del desastre, tal y como han corroborado sendos informes técnicos del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Intemac) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedx).

Los estudios revelan que el proyecto incluía unos cimientos que resultaban insuficientes para contener la presión del agua sobre las paredes del depósito. Además, el sistema previsto de unión entre el muro y la cubierta no era el adecuado.

A estos factores se añaden los defectos detectados en la construcción del enlace de las paredes con el techo, lo cual motivó que los paneles laterales terminaran cediendo.

PROYECTO MODIFICADO

Por el contrario, los informes descartan que las condicions geotécnicas del terreno en las que se asentaba el depósito o la calidad de los materiales empleados influyeran en la rotura.

Tocino manifestó que a los defectos de diseño y construcción se añaden algunas modificaciones que la empresa subcontratada por FCC, la constructora adjudicataria de las obras, introdujo en el diseño inicial, de las que no se informó a la Administración competente, por lo que las obras no se corresponden con el proyecto aprobado.

Por este motivo, el Ministerio de Medio Ambente, a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, tiene previsto iniciar un expediente para exigir responsabilidades a la empresa constructora.

Asimismo, como consecuencia de los innumerables defectos encontrados en la fase de tramitación y aprobación del proyecto, el ministerio decidió tras el accidente abrir un expediente disciplinario al autor del proyecto y al ingeniero director de las obras, aunque posteriormente suspendió el proceso, a la espera de que el Juzgad de Instrucción número 3 de Melilla depure responsabilidades penales.

Finalmente, Tocino anunció que su ministerio ha iniciado un procedimiento para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración.