Sin embargo, Narbona indicó que habrá que esperar a que todas las comunidades autónomas finalicen los inventarios sobre producción de residuos peligrosos para determinar el número exacto de depósitos que se deben construir.

Para facilitar la búsqued de emplazamientos para este tipo de instalaciones, Cristina Narbona y el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Alejandro Pina, firmaron hoy un convenio por el que Enresa se compromete a facilitar la información geológica y medioambiental del territorio nacional obtenida a través de los trabajos que ha realizado para encontrar una ubicación para el futuro cementerio de residuos radiactivos.

La información de Enresa señala como áreas favorables territorios incluidos en Catluña, La Rioja, la práctica totalidad de Castilla y León, sur y este de la Comunidad de Madrid y las provincias de Badajoz, Guadalajara, Toledo, Albacete, Cuenca, Huesca, Zaragoza y zonas reducidas de Cáceres, Teruel, Valencia y Vitoria.

Alejandro Pina señaló que estas áreas son las que presentan mayor estabilidad y mejores características hidrogeológicas para ubicar almacenamientos de residuos. Sin embargo, Enresa carece de información relativa a los archipiélagos, por lo que se deberán acometer los studios geológicos pertinentes.

3 MILLONES DE TONELADAS

En la actualidad, de los más de 3 millones de toneladas de residuos peligrosos que se producen en España cada año, 2,5 no reciben un tratamiento adecuado, y los cuatro depósitos de seguridad que existen, en Madrid, Valladolid, Galicia y Asturias, sólo recogen 100.000 toneladas anuales.

A estas cantidades habrá que añadir durante los próximos años los residuos tóxicos procedentes de los trabajos de descontaminación de suelos.

Ante estedéficit, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente analiza la posibilidad de crear nuevos depósitos también en la península, uno de los cuales, al menos, deberá acoger residuos de las comunidades de Cataluña, Aragón, País Vasco y Navarra, que producen el 70 por ciento de los desechos que se generan en todo el Estado.

Cristina Narbona dijo que cuando se busquen los emplazamientos definitivos su departamento tendrá en cuenta un criterio "básico, el de la proximidad a los lugares de producción de residuo peligrosos".

Asimismo, adelantó que están estudiando la posibilidad de conceder subvenciones públicas a los municipios que acojan en su territorio este tipo de vertederos, si bien Narbona manifestó que "no se trata tanto de dar una compensación económica cuanto de provocar una respuesta consensuada por parte de las instancias sociales, de los ciudadanos y de las instituciones públicas".

En cualquier caso, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente financiará el cien por cien d la inversión necesaria para construir depósitos de seguridad que recojan residuos de dos o más comunidades autónomas, y el 25 por cien en los casos de instalaciones que sean usadas exclusivamente por una comunidad.

Cristina Narbona aseguró que estas instalaciones no sólo conseguirán mejorar la gestión de los residuos tóxicos, sino que también reducirán los gastos de aquellas empresas que en la actualidad envían a otros países europeos, como Francia, Alemania y Reino Unido, algunos de los residuos queproducen para que sean incinerados.